Presente.
Chile se está secando. Al menos 1 de cada 4 comunas se encuentra bajo Decreto de Escasez Hídrica. A su vez, con más de un 74%, el país sigue siendo uno de los que más agua para consumo humano destina a la agricultura según la OCDE, bajo un sistema que privilegia la agroindustria y genera incentivos perversos en materia ambiental.
En medio de esta situación, el gobierno del Presidente Boric, que se autoproclama como el primer gobierno ecológico de Chile, propone continuar con la ley de riego en vez de generar un nuevo marco legal, bajo un nuevo paradigma, con una ley de producción agroecológica. Prorrogar nuevamente la ley de riego significa desoír informes internacionales, como los del IPCC, que indican que un manejo sostenible del suelo puede contribuir a reducir impactos de cambio climático.
La Comisión Nacional de riego y la Ley 18.450, son responsables de los entubamientos, los megaestanques y la tecnificación de riego que ha permitido la expansión de los monocultivos hasta lugares inimaginables; es decir, de toda la batería de obras que han subsididado a la agroindustria en contra de la agricultura campesina, los ecosistemas y la biodiversidad que sustentaba a los territorios.
Eso no ha sido comprendido en 40 años y, ahora, ante la erosión y la desertificación, la escasez hídrica acuciante, la falta de alimentos, y los sendos problemas de salud relacionados al uso de plaguicidas y a una mala nutrición, queda de manifiesto que se requiere con urgencia una reconversión agrícola, pero esta vez, según lo que dicte la naturaleza.
Seguir subsidiando la captación de aguas subterráneas parece ilógico y debe eliminarse para, de una buena vez, detener la sobreexplotación de los acuíferos para labores de riego. Junto con ello, incorporar la exigencia a que proyectos agrícolas, según tamaño y criterios que se determinen, ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Es por ello que desde la sociedad civil, el territorio y las organizaciones, nos manifestamos en resistencia en contra de los incentivos perversos que propone este proyecto de ley, tal como la bonificación al cultivo en laderas, la falta de soluciones basadas en la naturaleza, el criterio de hectáreas ponderadas que permite esconder riqueza y defraudar a la ley. A esto se suma la excesiva concentración del mercado de consultores, así como la falta de fiscalización y un sistema de monitoreo, control y verificación del gran presupuesto que se asigna al riego, incluyendo además medidas como bonificación de embalses, sin importar su altura.
Exigimos una ley que no genere incentivos perversos para el medio ambiente y no permita abusos como lo que ha sido esta ley, incorporando medidas con una mirada actualizada al siglo XXI y la crisis climática y ecológica que vivimos.
Por lo tanto, exigimos a las autoridades abrir una mesa de diálogo con las comunidades y detener una nueva prórroga de esta ley.
CDA, valle de Aconcagua
Catemu en Movimiento
Coordinadora Defensa Akunkawa
Coordinadora ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria.
Agrupacion ambiental Yaru wika, Caren, Monte Patria.
Consejo Regional Campesino, Región de Coquimbo
Agrupación de Pequeños Regantes y no Regantes rio Mostazal, Monte Patria
Flora del Valle de Putaendo
Coordinadora de esteros y canales Aconcagua
Guardianes del Akunkawa
Llayllay manifiesta
Observatorio Ciudadano Aguas del Limarí
Red de guardianes de la quebrada de peñuelas, coquimbo
Akunkawa Ecorganizado
Fundación Ecosur
Comité Ambiental Comunal de Tucapel
Fridaysforfuture San Felipe
Comité de defensa ambiental de Cabrero
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Red de agricultura Casera Locos de Patio
Colectivo Vientosur