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Américo Vespucio Oriente: La codicia contra la ciudad

Mienten, porque, al contrario, son ellos quienes sólo hablan y actúan en favor del gran interés del sector inmobiliario y de la industria automotriz, cuando privilegian obras orientadas al uso del automóvil particular, como la autopista Américo Vespucio Oriente y la vía rápida de Vicente Pérez Rosales – Pepe Vila, en la Reina.


No se equivocan, sino que MIENTEN descaradamente el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Daniel Hurtado, y el presidente de todos los grandes empresarios, Sebastián Piñera, al expresar que es el interés de unos pocos vecinos el que se impone frente al bien común cuando se desecha la expropiación de terrenos para la construcción de la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO).

Mienten, porque, al contrario, son ellos quienes sólo hablan y actúan en favor del gran interés del sector inmobiliario y de la industria automotriz, cuando privilegian obras orientadas al uso del automóvil particular, como la autopista AVO y la vía rápida de Vicente Pérez Rosales – Pepe Vila, en la Reina, en perjuicio de los millones de habitantes que sufren la contaminación atmosférica y acústica, la congestión, la pérdida de espacios públicos provocada por este modo de transporte, así como la inseguridad, inconfortabilidad y la📷pérdida de tiempo asociadas a un deficitario transporte público, también diseñado para el lucro empresarial.

No los mueve el bien común: fue, es y siempre será la CODICIA de unos pocos, -estos sí- MUY POCOS, PERO MUY PODEROSOS.

Y a la codicia de estos pocos se suma la subordinación y el conservadurismo de las autoridades y los profesionales a cargo de las políticas de desarrollo urbano y transporte.

Estos pocos saben que ninguna ciudad del mundo ha resuelto sus problemas de movilidad (congestión, tiempos de viaje, contaminación) mediante el aumento de la capacidad vial para el transporte privado. Ellos saben, y la experiencia internacional lo demuestra, que esto sólo es posible con políticas enérgicas de mejoramiento del transporte público, con un fuerte involucramiento estatal (nivel central o metropolitano), en la planificación, en la operación, en el financiamiento y/o en la propiedad, tanto de la infraestructura como de la flota vehicular; complementado con el fomento del transporte no motorizada (bicicleta y caminata) y otras políticas de planificación urbana, así como con el desincentivo al uso cotidiano del automóvil particular.

Pero a estos pocos sólo les interesa llenar la ciudad de más y más autos, que demanden más y más infraestructura vial, en un cuento -un gran negocio para ellos y un gran desastre para la ciudadanía- de nunca acabar.

Sin embargo, esto sí puede acabar cuando las comunidades toman la decisión de hacerse escuchar, se movilizan en contra de la codicia y el abuso de unos pocos, y exigen políticas públicas y leyes que realmente persigan el bien común y la sustentabilidad.

Es esta determinación ciudadana de Peñalolén y La Reina la que irrita al gran empresario inmobiliario y a su servil presidente, y la que en el futuro elegirá a otras autoridades, movidas realmente por el bien común, para construir esa ciudad y ese país donde se realicen los sueños colectivos de justicia y sustentabilidad.

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