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Donde empieza una autopista muere la ciudad

Un conjunto cada vez más numeroso y comprometido de vecinas y vecinos de las comunas de Peñalolén y La Reina se está movilizando en contra de la amenaza del MOP de construir una autopista -Américo Vespucio Oriente- por el medio de barrios consolidados y mediante la expropiación de cientos de viviendas.


Con el respaldo de sus respectivas municipalidades, estas comunidades exigen que la obra se realice bajo tierra (“túnel minero”) y respetando la trayectoria de la vía principal (Américo Vespucio-Av. Ossa).

Pero, aún más, los vecinos organizados han generado y protagonizado un amplio debate sobre las llamadas “autopistas urbanas”, cuestionando su real efectividad en el ámbito del transporte urbano y denunciando el rol que juegan en favor de intereses privados.

Y es que el pecado original se cometió años atrás, cuando el gobierno central de turno optó como política pública por la construcción de autopistas dentro de Santiago, al mismo tiempo en que -de manera contradictoria- se hacía esfuerzos para mejorar el transporte público capitalino.

Como en tantos ámbitos de política pública -en este caso, la movilidad urbana-, estas mega infraestructuras son falsas soluciones, que acentúan los problemas en lugar de resolverlos. Mientras las empresas inmobiliarias y automotoras sacan jugosas cuentas, la población paga el costo en pérdida de espacios públicos y tiempo, segregación social y deterioro de la salud.

Así es, pues, lejos de resolver los problemas de transporte, las “autopistas urbanas” generan un aumento en el uso del automóvil y una mayor congestión en toda la ciudad, especialmente en su entorno inmediato, con la consiguiente agudización de los ya graves problemas de accidentabilidad y contaminación de nuestra ciudad.

El colmo es que, bajo el supuesto falso de que las “autopistas urbanas” son de interés público, los reclamos de los vecinos potencialmente expropiados de Peñalolén y la Reina, que legítimamente defienden los hogares y barrios que les ha costado años y décadas construir, son mostrados no más que como el interés privado a sacrificar.

Por esto resulta tan relevante que junto con defender sus hogares y barrios, la población rechace este tipo de mega intervenciones y reclame para Santiago un sistema de transporte -eminentemente público- orientado a las personas, y no a los automóviles; a la calidad de vida, la sustentabilidad y el bienestar público, y no a la competitividad y la rentabilidad de los grandes negocios privados.

Y que entiendan el Gobierno y los grandes empresarios que el tiempo en que podían hacer y deshacer con los bienes comunes (educación, salud, agua, territorio, patrimonio) para su antojo y su lucro, ese tiempo, se acabó. La ciudadanía está despertando y no piensa volver a dormirse.

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