Ante los evidentes efectos perjudiciales de la industria forestal sobre la vida y la salud de las comunidades humanas y la naturaleza, las organizaciones y personas que conforman esta red exigimos a las autoridades e instituciones del Estado de Chile:
Realizar estudios públicos que evalúen el impacto de las plantaciones sobre los caudales y cuencas hídricas, como también sobre los ecosistemas aledaños, para que el diseño de las zonas forestales no dañe la calidad y cantidad de dichos caudales, ni la biodiversidad.
Prohibir la Tala Rasa puesto que afecta la posibilidad de absorción de agua de las cuencas y la calidad del suelo, provocando erosión, y posibles aluviones.
Priorizar la satisfacción de la necesidad de vivienda en comunas en las que la propiedad forestal ocupa la mayor parte del espacio disponible (p.e. en Curanilahue, las plantaciones ocupan el 85% del área geográfica comunal).
Regular la propiedad privada de manera tal que se garantice el derecho a vivienda y no solo la protección de la gran propiedad forestal.
Proteger la propiedad rural de pequeña escala y sus usos tradicionales, incentivando su conservación como patrimonio biocultural.
Sancionar y restringir la concentración de la propiedad del suelo y la concentración de la propiedad de empresas en el ámbito forestal, ajustando esto a criterios socioambientales.
Realizar "estudios de título" para comparar los títulos de propiedad de las comunidades mapuche y campesina con aquellos títulos que poseen las empresas forestales.
Promover y garantizar la restauración ecológica del bosque nativo (con semilla local), cuerpos de agua y mantos freáticos, en lugares siniestrados, erosionados o degradados.
Crear un decreto de restauración agroecológica destinado a campesinos que practican agricultura familiar, pequeños productores agrícolas y comunidades rurales.
Garantizar un mínimo comunal, provincial y regional de uso de la tierra para fines de conservación, regeneración de la biodiversidad y acceso de las comunidades humanas a ecosistemas nativos sanos y biodiversos.
Ampliar la extensión de la cobertura de los instrumentos de planificación territorial, como el Plano Regulador Comunal, abordando la totalidad del área geográfica comunal.
Promover la participación representativa, democrática y vinculante de la comunidad en la elaboración de estrategias e instrumentos de planificación y administración territorial tales como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, la Estrategia Regional de Desarrollo y los Planos Reguladores comunales, procurando destinar recursos para garantizar dicha participación.
Asegurar la participación política vinculante y representativa de la población local también en los procesos de evaluación y certificación ambiental de las industrias con presencia en sus territorios.
Regular y sancionar la expansión industrial.
Transformar una proporción del territorio que hoy es de uso forestal, en zonas destinadas a la agricultura ecológica, la permacultura, la agricultura familiar campesina y agricultura de conservación, a fin de garantizar la soberanía alimentaria de cada comuna, provincia o región del país y la heterogeneidad del paisaje y del uso de los suelos.
Proteger la biodiversidad de todos los ecosistemas y resguardar a las especies que son de consumo humano, garantizando condiciones de supervivencia y poblaciones estables en sus ecosistemas de orígen.
Garantizar la conservación de la biodiversidad marina y la calidad de las características propias del mar, generando más áreas de protección de su biodiversidad.
Crear centros públicos de estudios ambientales, comprometidos tanto con la salud de la población como con la protección de la naturaleza y no solo con mantener operativos los procesos productivos.
Reparar jurídica y financieramente los crímenes contra la humanidad y contra la naturaleza cometidos a partir de la dictadura, al amparo del actual modelo forestal. Realizar restauración ecosistémica y sociocultural, con pertinencia histórica, de los territorios y comunidades afectadas.
Promover la diversificación productiva, con énfasis en la agricultura familiar ecológica regenerativa, la artesanía, el reciclaje, el turismo sustentable, y formas de organización del trabajo e intercambio de productos que favorezcan una distribución más equitativa de las utilidades.
Desarrollar programas de reparación sociocultural en comunas empobrecidas por el monocultivo forestal.
Establecer y hacer cumplir impuestos territoriales para la industria forestal.
Incrementar el cobro de impuestos nacionales para la industria forestal.
Promover la participación comunitaria y de autoridades locales en la administración de la industria forestal.
Transformar a la CONAF en una institución plenamente pública estatal, con una regulación que priorice el bienestar humano y de los ecosistemas, en el contexto de crisis climática que atraviesa el mundo.
Formular un decreto de restitución de tierras a las primeras naciones y comunidades campesinas que fueron despojadas de sus territorios y prácticas culturales, explicitando la reconversión de suelos a formas productivas amigables con los ecosistemas y el buen vivir.
Dictar decretos de restauración ecosistémica, socioeconómica y cultural (diversificación productiva de pequeños productores y fortalecimiento de ferias libres, entre otras medidas).
Destinar el financiamiento del fomento productivo preferentemente a actividades económicas no extractivistas, que tiendan a la soberanía alimentaria y territorial.
Desarrollar ecosistemas económicamente productivos, de administración comunitaria, que permitan una mejor distribución de las utilidades y una relación más armónica entre los ecosistemas humanos y naturales.
Asumir públicamente la responsabilidad del actual modelo forestal y su historia en sostener una relación conflictiva con los pueblos originarios y sus comunidades y prácticas culturales.
Admitir públicamente que la industria forestal produce pobreza y desruralización, para avanzar en el diseño de políticas públicas acordes a esta realidad.
Santa Juana, 3 de julio del 2022.
Organizaciones que firman este petitorio:
Colectiva Feminista Marcia Miranda, Lota.
Colectivo VientoSur
MODATIMA Biobío
ONG We Kimün
Semillero Nativo
Fundación Manzana Verde
Restauración Mankimawiza
MawizaKo
Santa Juana por Agua
Agrupación Medioambiental, Social y Cultural Chagual
Agrupación protectora del humedal Tubul Raqui
Red de mujeres Penco – Lirquén
Fundación Pongo
Comunidad el Ciruelo Sur
Comité Ambiental Comunal de Tucapel
Comité Ambiental Las Trancas
Agrupación defensa Territorial Laja
Asamblea territorial Penco Lirquén
Movimiento Socioambiental Antuko Resiste
Individuos:
Robinson Torres. Funcionario Universidad de Concepción
Camila Arriagada González CORE Biobío
Rosa Hormazabal González
Oscar Andrade
Marcos Zapata
Alexander Panez. U. del Biobío
Sergio Cartes
Oscar Ronnie Carrillo
Janny Figueroa Ayala
Doris Lopez Saez
Luis Perez Gacitua
Allan Jara
Gianina Paredes Ceballos
Raúl Moraga
Nicole Friz Rodríguez Concejala de Arauco
Javiera Elgueta, Asamblea territorial Penco- Lirquén
Rodrigo Ferreira, encargado regional Biobío partido Igualdad
Macarena Vallejos Vergara, Red de mujeres penco – lirquén.
Alejandra Burgos Bizama, Alcaldesa de Curanilahue.
Leonardo Jara Jara, Concejal de Penco.
Silvana Ceballos Reyes.
Olaya Salazar
Isabel Gatica Palavecino
Vilma Mellado
Isolde Medina Viveros
José Fuentes Gajardo
Diego Ovalle Valenzuela
Paz Quevedo